El Juez del primer juzgado de instrucción del Distrito Nacional, Raymundo Mejía, decidió aplazar para mañana a las dos de la tarde la audiencia de conocimiento de revisión obligatoria de la medida de coerción contra los 12 implicados en el caso Coral 5G por motivos de tiempo.
En el día de ayer, los abogados de los imputados tuvieron acceso a la palabra, mientras que queda pendiente para este jueves las conclusiones del Ministerio Público y las réplicas de los acusados.
A la salida de la sala de audiencias, el director de la Procuraduría de Persecución Especializada de la Corrupción Administrativa (Pepca), Wilson Camacho, rehusó ofrecer declaración a los periodistas y rápidamente se incorporó a la audiencia del caso Medusa, que también se ventilaba ayer.
Nuevas pruebas
El Ministerio Público ha presentado nuevas pruebas contra los 12 implicados en el entramado, esto de acuerdo con lo dicho por el abogado Félix Portes, quien representa a la primer teniente Johana Lucía Rodríguez Jiménez, la Pepca) presentó nuevos interrogatorios, reportes del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) con la relación a la falsificación de sellos de las Fuerzas Armadas, entre otras evidencias.
"Han presentado ciertos presupuestos para dejarle entender al juez de que han recuperado nuevas pruebas y que por esas pruebas estas personas deben mantener la medida de coerción que tienen", explicó Portes a los medios de comunicación.
Con relación a su defendida, Portes manifestó que se encuentran "conformes" con el arresto domiciliario que tiene la primer teniente como medida de coerción.
"Nosotros no hemos presentado presupuestos, hemos solicitado que se le mantenga la medida de coerción (arresto domiciliario), ya que la Procuraduría le está dando los permisos para que ella se haga sus chequeos requeridos por su condición de salud", explicó el jurista.
En ese orden, Waldo Paulino, quien encabeza la defensa del capitán de navío Franklin Antonio Mata Flores (ARD) y el general Boanerges Reyes Batista (ARD); explicó que él sí presentó presupuestos para que se le varíe la prisión preventiva a ambos acusados.
"Nosotros estamos solicitando que se imponga una medida menos grabosa con relación a ambos defendidos. Le solicitamos (al tribunal) una garantía económica e impedimento de salida del país y presentación periódica los 15 y los 30 de cada mes ante el órgano investigador, a los fines de poder demostrar que ellos no se van a sustraer del proceso y no representan peligro de fuga", detalló Paulino.
En el caso Coral 5G, también figuran como acusados los generales Juan Carlos Torres Robiou (FARD), Julio Camilo De los Santos Viola (FARD), el coronel Miguel Ventura Pichardo (FARD), Esmeralda Ortega Polanco, César Félix Ramos Ovalle, el teniente coronel Erasmo Roger Pérez Núñez, el coronel Carlos Augusto Lantigua Cruz y el teniente coronel Kelman Santana Martínez (ERD).
La audiencia está siendo conocida por el Juez del primer juzgado de instrucción del Distrito Nacional, Raymundo Mejía y hasta el momento resta la presentación de presupuestos de tres de los imputados.
Implicaciones
A todos se les acusa de participar en la creación de empresas a nombre de personas relacionadas al financiero de estas instituciones militares para supuestamente “suplir combustibles y materiales gastables”, los cuales nunca eran entregados, se realizaban cuadres ficticios para pasar los controles de auditoría y así poder distraer fondos millonarios del Estado.
Además, el expediente señala que se asignaron sumas millonarias como partidas mensuales para operaciones de inteligencia, valores que supuestamente eran utilizados para gastos personales e inversiones de los directores y financieros del Cuerpo Especializado de Seguridad Presidencial (Cusep), Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur), y otras instituciones estatales.
Otra de las características de la red, de acuerdo con el expediente, es que nombraron personas de confianza en los departamentos de auditoría, despacho de combustible, almacén, raciones alimenticias, inteligencia, cuentas por cobrar, a los fines de poder mantener el control de lo que se presentaba a la Contraloría General de la República.
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